Las emisoras comunitarias están pensadas como un espacio de participación ciudadana donde la comunidad puede expresarse y verse reflejada, para fortalecer dicho fin, es indispensable plantear una política pública de comunicación, donde el estado, las emisoras, las juntas de programación y las redes (que han sido de gran apoyo a las emisoras comunitarias del país) se comprometan a desarrollarla.
La política que regirá a las emisoras comunitarias debe estar enmarcada por “el derecho a la libre expresión, a la información, a la comunicación y al acceso universal a las tecnologías”[1]; el estimulo a la participación de la comunidad; el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad y la construcción de un convivencia armoniosa y pacifica; la edificación de espacio público, la equidad y la protección de los diferentes sectores de la comunidad, especialmente los más vulnerables; y las responsabilidad ambiental que la comunidad tiene con su entorno.
Es importante resaltar, que las emisoras comunitarias, al incluir dicha política en su quehacer diario será capaz de “formar ciudadanía, crear opinión”[2] y construir cultura política que lleve a una buena convivencia, ya que se caracterizara por ser incluyente y no discriminatoria, dándole voz a todos los integrantes de la comunidad, fomentando el respecto y la pluralidad. En este marco las diferentes emisoras se constituirán como ejes fundamentales en la ampliación de la democracia en el país.
